Las manifestaciones callejeras son acciones importantes cuando se busca conquistar o defender nuestros derechos, así como denunciar actos contra la dignidad de las personas y la naturaleza. Las grandes movilizaciones sólo existen si logran perturbar y transformar el orden existente. La protesta urbana, más allá de las arengas, las pancartas o el caminar militante, logra transformarse en una fiesta ciudadana con la capacidad de cambiar y democratizar nuestras realidades; si es que incide en las personas, el espacio y el tiempo de la ciudad. Esto implica suspender por momentos la cotidianidad y crear un clima de excepcionalidad en nuestras calles y plazas. 

Actualmente en Lima, salir a la calle a protestar y movilizarse supone interpelar y desautorizar no sólo el estado de las cosas, sino también implica reivindicar el proyecto de ciudad que deseamos y necesitamos para dar voz y espacio a nuestras demandas más urgentes. Imponernos una ciudad donde el principal rol de las calles sea el transitar; donde se ejecutan proyectos sin mayor solidez técnica y con evidentes actos de corrupción; se consideran los intereses privados por encima de los públicos; con planificación urbana inexistente en favor del clientelismo político; y donde se desfavorecen espacios de encuentro o dinámicas comunitarias y vecinales, es lo que Daniel Ramírez Corzo ha llamado fujimorismo urbano. Esto es, una ciudad para transitar por obligatoriedad, para obedecer sin criticar y donde lo público se habita pasivamente. Una ciudad donde la indignación no encuentra lugar en las calles.

Es esta Lima que encierra y busca ahuyentar al ciudadano y ciudadana de las calles, la que debemos disputar. Y lo estamos haciendo. Las marchas consecutivas contra el Peaje de Puente Piedra o el Paro Nacional Docente ocurridas el 2017 demuestran que la inconformidad y la organización de las personas han logrado sobreponerse a la criminalización de la protesta, la estigmatización del manifestante, el cercamiento de plazas y la represión de la Policía Nacional, que se ha incrementado en los últimos cinco años.

Tenemos que recordar que la historia de las grandes ciudades es también la historia de las luchas de su gente. Sea París en mayo del 68, Washington con la lucha de las mujeres por su derecho al voto (1913) o Santiago de Chile con las masivas marchas estudiantiles en defensa de la gratuidad y calidad de la educación (2011); la protesta como ejercicio de nuestros derechos, transforma el espacio y pasa a formar parte de un patrimonio vivo y ciudadano. Esto significa que, apropiarte del espacio es parte tu indignación y, sobre todo, un objetivo a realizar cuando sales a marchar. Con esto, nadie está diciendo que se dañe propiedad pública –o privada–, pero algo que debemos dejar en claro es que el monumento o el edificio nunca podrá ser moralmente más importante que el ciudadano, su indignación y sus esfuerzos por democratizar la sociedad.

Nuestras ciudades no deben ser consideradas espacios contemplativos, estériles, estáticos y carentes de contenido. Las ciudades no son museos inertes. Tampoco son espacios para olvidar el pasado, diluir nuestras memorias o destruir su patrimonio físico. Nuestras ciudades son, sobre todo, laboratorios para pensar, discutir y construir nuestro futuro. Y son sus calles y plazas los lugares para disputar sentidos comunes y vencer intereses autoritarios que buscan quitarle la esencia de lo urbano a nuestras ciudades.

Es así que una argentina manifestándose contra el gobierno de Mauricio Macri, por la reducción de las pensiones, o un hondureño luchando contra el fraude electoral en su país, comparten una misma convicción contigo, peruana y peruano, que marchas contra la impunidad y la injusticia: darle a la indignación un lugar en las calles.