Los procesos de ocupación y habilitación urbana en Lima han sido desiguales y faltos de apoyo estatal en la mayoría de las experiencias de las personas que llegaron a esta ciudad. Existen pocos casos de planificación urbana y acceso a la vivienda, uno de ellos son las unidades de vivienda o vecinales. Implementadas desde finales de la década de los cuarenta cuando, tanto el estado, como diversas organizaciones, veían con preocupación la formación de barriadas, producto de las migraciones y el difícil acceso a la vivienda. Lo que generaba que la gente se viera obligada o incentivada a invadir, y construir su propio espacio dentro de la ciudad, creando cíclicamente nuevas barriadas, cuando las antiguas se veían tugurizadas.

Producto de las políticas de sustitución de importaciones y los frágiles procesos de industrialización, surgió la iniciativa de generar zonas obreras y vivienda popular, como existían en otras grandes ciudades. Las grandes unidades vecinales, inspiradas en las ciudades jardín, de Ebenezer Howard, inspiraron en Estados Unidos y otras partes del mundo, estos procesos donde se exaltaba la propiedad pública y las formas de asociación comunitarias. Estas unidades en Lima tienen colegios, centros de salud o diversos espacios públicos como: locales comunales, plazas y grandes extensiones de áreas verdes. Sin embargo, en muchos casos, la clase obrera limeña, a diferencia de la estadounidense, británica o argentina, no tenían el mismo grado de tecnificación, capacidad de adquisitiva y beneficios laborales, por lo que el acceso a este modelo también era complicado. Esto derivo en que los beneficiados, muchas veces, fueran las clases medias de aquellas épocas. A pesar de ello significaron un esfuerzo público y planificado sobre los procesos de urbanización de la ciudad. Ejemplos de unidades vecinales o complejos habitacionales, de este tipo, se encuentran en distritos como La Victoria, Breña, Cercado de Lima, Lince o Jesús María.

En estos últimos días han surgido dos denuncias, que sindican posibles atentados contra dos de estos espacios. El primero es la Unidad Vecinal Numero 3, ubicada en la periferia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta unidad empieza o a construirse en 1946 y se concluye en 1949, siendo habitada desde 1948, y que convirtió al Perú en pionero en la implementación de este modelo en Latinoamérica. Según la denuncia se planea mutilar parte de sus terrenos de área pública, para la construcción de la Estación San Marcos de la Línea 2, del tren eléctrico metropolitano. La segunda es La Residencial San Felipe, conjunto residencial construido entre 1964 y 1966 en el distrito de Jesús María. Según se denuncia, una inmobiliaria ha puesto en venta un terreno 1989 m2 dentro de la residencial, afirmando que tiene un permiso de construcción de hasta 15 pisos. Como se comenta en la misma denuncia la construcción de nuevos edificios está prohibida dentro de la residencial, puesto que se altera la coherencia y lógica del complejo arquitectónico, al igual que los espacios y edificaciones que lo integran.  

Actualmente no existen políticas públicas claras en torno a la vivienda. A pesar de ser considerado un derecho fundamental, este fue entregado en los 90’s a las inmobiliarias, quienes piensan y construyen nuestra ciudad, sin mayor regulación y planificación urbana, en beneficio directo de sus intereses. Experiencias como la de vivienda popular u obrera o complejos habitacionales, no se han vuelto a implementar. La idea de complejos de viviendas abiertos a la ciudad, con espacios públicos que incentiven la idea de comunidad, encuentro y buena convivencia parecen no estar en los planes de nuestras autoridades y desgraciadamente tampoco en los ciudadanos. El modelo político y económico, defendido a manera de dogma por autoridades y políticos, no solo afecta la calidad en la educación, salud o derechos laborales, sino también la forma en que nuestras ciudades se construyen, y como nosotros aprendemos a convivir dentro de ellas.